Un año y medio después de la renuncia del entonces fiscal Gustavo Adolfo Guerrero, Nuevo León sigue sin un titular definitivo en la Fiscalía General de Justicia.
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Pedro Arce Jardón permanece como encargado de despacho desde el 5 de octubre de 2022, cuando Guerrero presentó su dimisión en medio de casos mediáticos de desaparición de mujeres en la entidad, como los de Debanhi Escobar, María Fernanda Contreras y Yolanda Martínez.
Guerrero habría culminado su periodo como fiscal el 9 de marzo de este año, indicando que su renuncia formaba parte de su proceso de jubilación tras más de 40 años de servicio al Estado.
La ausencia de un fiscal titular ha provocado una intensa disputa política entre el Gobierno del Estado y el Congreso local, marcada por diferencias y presuntos intereses políticos y electorales personales.
En octubre de 2023, la Sala Regional Monterrey propuso someter a consulta popular la elección del fiscal, sugerencia inicialmente planteada por el gobernador Samuel García debido a la falta de coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo para llevar a cabo el proceso de manera adecuada. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada.
Fue hasta febrero pasado que la Suprema Corte emitió un fallo determinante: el proceso de selección del fiscal debe reanudarse según lo establecido por las leyes locales, desde la emisión de la convocatoria por parte del Congreso local.
Durante este proceso, uno de los requisitos era presentar una carta de no antecedentes penales. Sin embargo, debido a que entre los aspirantes se encontraban perfiles no afines al gobernador, como el candidato a la alcaldía de Monterrey, Adrián de la Garza, el Sistema Penitenciario bloqueó la entrega de este documento.
Ante esta situación, el Congreso modificó su convocatoria para eliminar este requisito a mitad del proceso, lo que la Suprema Corte consideró una violación al procedimiento original y una falta grave a quienes sí cumplieron con los requisitos completos.
