La escasez de agua se convierte en un riesgo económico cada vez más grave en México.
La disponibilidad anual por habitante ha disminuido significativamente, pasando de 10 mil metros cúbicos en 1960 a 3.2 mil metros cúbicos en la actualidad. Este declive se atribuye al deterioro y explotación de los recursos hídricos, el aumento de la población y las sequías cada vez más frecuentes.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (iMCO) advierte que esta situación es especialmente preocupante dado que los estados fronterizos del país generan el 21% del PIB, y el Valle de México casi el 25%. La falta de agua podría tener un impacto devastador en la economía nacional.
El cambio climático también agrava la escasez de agua, ya que el aumento de la temperatura y la variación en las precipitaciones afectan las principales cuencas hidrológicas del país. Esto sugiere que para 2030, la disponibilidad de agua en México podría descender por debajo de los 3 mil metros cúbicos por habitante al año.
Es fundamental que tanto el sector público como el privado realicen inversiones para mejorar la eficiencia del uso del agua y minimizar los riesgos asociados con su escasez. La falta de agua no solo afecta la operación de las empresas y el sector agropecuario, sino que también pone en peligro la seguridad alimentaria y reduce el acceso al agua, una necesidad básica para la población.
En cuanto al uso del agua, datos de la Conagua indican que la mayor parte se destina al sector agropecuario (67.8%), seguido por el uso público-urbano y doméstico (14.7%). Sin embargo, existe una amplia brecha socioeconómica en el suministro de agua en los hogares, con el 49.5% de los hogares en estratos bajos recibiendo agua de forma irregular, en comparación con el 17.0% en estratos altos.
En resumen, la escasez de agua en México es un problema complejo que requiere medidas urgentes y coordinadas para garantizar su acceso equitativo y sostenible.
