El gobierno del estado de Nuevo León se ve envuelto en un escándalo tras la revelación de una presunta triangulación de fondos por un valor de al menos 202.9 millones de pesos hacia un despacho jurídico creado por el gobernador Samuel García y su padre.
Según información obtenida del Servicio de Administración Tributaria (SAT), una empresa llamada Suministro MYR habría facturado al Gobierno estatal un total de 964.7 millones de pesos entre octubre de 2021 y noviembre de 2023 por servicios de alimentación en distintos ámbitos gubernamentales. Esta empresa, a su vez, habría transferido 237.2 millones de pesos a otra compañía denominada Proveedor de Productos Mexicanos Jace por supuestos servicios de administración corporativa.
Finalmente, Proveedor de Productos Mexicanos Jace habría pagado al despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados la cantidad de 202.9 millones de pesos bajo el concepto de honorarios por servicios profesionales, sin especificar los servicios recibidos. Este despacho fue creado por el gobernador Samuel García y su padre en mayo de 2014, según consta en el acta constitutiva.
Los pagos al despacho del gobernador García y su padre comenzaron apenas 11 días después del inicio de la actual administración, en octubre de 2021. A pesar de los intentos de obtener información sobre las sociedades civiles relacionadas con el gobernador y su familia, las solicitudes al Registro Público local fueron negadas, alegando la inexistencia de los archivos.
En sus declaraciones patrimoniales de 2021, 2022 y 2023, el gobernador García reconoce tener una participación del 50 por ciento en el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, del cual recibe parte de sus ingresos.
El esquema de triangulación de fondos entre estas empresas ha generado controversia y críticas hacia el gobierno estatal, aumentando las preocupaciones sobre posibles conflictos de interés y malversación de fondos públicos.
